Medio independiente: piden hasta cinco años para nueve manifestantes en Bayamo

La Fiscalía municipal de Bayamo solicita hasta cinco años de prisión para nueve personas procesadas por participar en una protesta por alimentos, electricidad y agua el 23 de mayo de 2025, según un medio independiente. Los acusados afrontan peticiones por presuntos delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia, todavía sin que esas solicitudes equivalgan a condenas.

Las penas solicitadas

Según la información del medio independiente sobre las conclusiones provisionales de la Fiscalía, la mayor petición corresponde a Pedro Luis Zamora Isac: cinco años de prisión por desórdenes públicos. Para Alexander Guzmán Silva se solicitan cuatro años por desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir; para Ever Ernesto Pérez Aliaga, tres años por desacato y desórdenes públicos.

Los otros seis acusados son Arael Rodríguez Escalante, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez y Katia Sucel Estrada Valera.

La versión fiscal y el rechazo de familiares

El relato fiscal reproducido por el medio independiente sitúa a unas 120 personas cerca de la intersección de la avenida Vicente Quesada y la calle 22. Los asistentes hicieron sonar cazuelas y otros utensilios metálicos mientras reclamaban alimentos, electricidad y agua.

La Fiscalía atribuye a algunos manifestantes expresiones ofensivas contra dirigentes y el lanzamiento de botellas y piedras contra agentes del Ministerio del Interior. La propia acusación señala que los agentes no sufrieron lesiones.

Frente a la acusación de desacato contra Ever Ernesto Pérez Aliaga, su padre, Ernesto Pérez Aliaga, negó esa conducta y defendió el carácter pacífico de la participación de su hijo, según las declaraciones recogidas por el medio independiente.

La Fiscalía también atribuye a Arael Rodríguez Escalante haber incitado contra la Policía mediante gritos y expresiones hostiles. Su madre, Rosa Escalante, cuestionó que se pidieran años de prisión por reclamar acceso al agua, los alimentos y la electricidad.

De acuerdo con el mismo medio, la acusación abre paso a la solicitud de juicio oral. Las penas que pide la Fiscalía son provisionales: no constituyen una decisión del tribunal sobre la culpabilidad ni una condena impuesta.